SEGURO SOCIAL CAMPESINO APOYA LUCHA DE LA UNE

Diálogo Social por el Mejoramiento de la Educación

Editorial del Semanario En Marcha, edición 1444

Resulta contradictorio que el gobierno de Rafael Correa pretenda resolver a través de la represión el conflicto que mantiene con la Unión Nacional de Educadores, a propósito del cuestionado proceso de evaluación a los maestros denunciado por la UNE como inconstitucional y punitivo. Y se advierte contradictorio dado el carácter democrático y progresista reconocido en este gobierno, que inclusive ha tenido como puntos de apoyo a su gestión al magisterio y su organización gremial.

La inasistencia de los maestros a las pruebas de evaluación hizo que el gobierno dicte acuerdos y decretos con la única finalidad de contar con instrumentos legales para reprimir a los maestros, toda vez que la ley no puede sancionarlos en los términos anunciados por el Ministerio de Educación. La desesperada respuesta gubernamental le ha llevado a pisotear normas básicas del derecho como el pretender tipificar delitos y sanciones a través de un decreto, cuando solo es posible hacerlo por medio de una ley. Esa ilegalidad se suma al desacato al art. 346 de la Constitución que obliga la creación de una institución pública, con autonomía, para llevar adelante un proceso evaluatorio.

El gobierno se ha ido con todo en contra del magisterio, al punto de convocar a una concentración en Guayaquil -que por cierto quedó corta frente a lo que Correa esperaba y la millonaria propaganda invertida- como no lo había hecho en otras ocasiones. Para enfrentar a los banqueros que tienen el dinero de los ecuatorianos en el extranjero, para obligar a la burguesía que pague sus impuestos, para impedir la brutal explotación a niños y adultos en la bananeras de Álvaro Noboa, para enfrentar a los empresarios que se burlan del mandato que puso fin a la tercerización e intermediación laboral Rafael Correa no ha llamado a la movilización popular como mecanismo de presión en contra de estos sectores y de respaldo al proyecto político, pero ahora lo hace en contra de un sector muy importante del movimiento popular, uno de los actores fundamentales en la lucha desatada por el pueblo en contra del neoliberalismo y los gobiernos oligárquicos precedentes.

Un gobierno que reivindica la necesidad de la participación popular no puede desatender el planteamiento de los maestros de concretar un Diálogo Social para el Mejoramiento de la Educación, del que salgan los lineamientos fundamentales para la elaboración de una reforma educativa que recoja las opiniones tanto de maestros, estudiantes, padres de familia como de las autoridades educativas.

Esa propuesta de la UNE es una salida al conflicto presente, que por cierto no surge como respuesta a una coyuntura, pues, responde a una larga política de propuestas específicas elaboradas por el magisterio ecuatoriano a lo largo de los últimos treinta años. La respuesta que al respecto dé el gobierno evidenciará la voluntad y la intencionalidad política que lo anima, mientras tanto los maestros han ratificado su voluntad de continuar defendiendo sus derechos y trabajando por el mejoramiento de la educación pública, aún en contra de voluntad del actual Ministro.