El Dr. Ramiro Terán, Asambleísta de la Provincia de Imbabura y miembro de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, manifesto su posición y del MPD frente a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua que se debate en la Asamblea Nacional.
El Dr. Terán, señaló que son varios los puntos controversiales y que los defenderán frente al Proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo. El primero la institución que se creará, la Entidad Única Nacional que administre los recursos hídricos, debe tener nombre y apellido y el planteamiento es que se cree el Consejo Plurinacional del Agua, con rango de ministerio, descentralizado y con plena autonomía administrativa y financiera, que tenga asignaciones directas del Presupuesto General del Estado y que su integración y toma de decisiones permita la más amplia, democrática y transparente participación de todos los usuarios del agua potable y de riego del país, es decir, este integrado, a más de los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, por representantes de las organizaciones campesinas, indígenas y negras y de los usuarios del agua potable del sector urbano y rural.
El Segundo, es eliminar el acaparamiento y lograr una redistribución equitativa del agua, toda vez que el 1% de los grandes empresarios agroexportadores controlan el 70% del agua disponible y, a penas el 30% de estas aguas la usan los pequeños y medianos agricultores, los que producen para el consumo nacional y garantizan la soberanía alimentaria. Esto debe cambiar y la Ley debe garantizar aquello. Además los costos del agua de riego para el pequeño agricultor que oscilan entre los 60 y 120 dólares por hectárea regada al año, mientras que los grandes agroempresarios no llegan a pagar ni 4 dólares por hectáreas regada, planteamos que los campesinos que tengan hasta 5 has. en la sierra, y 30 has. en la costa y Amazonía no paguen un solo centavo por el agua y, el resto paguen una tarifa justa y socialmente diferencia en función de sus posibilidades económicas, es decir el que más tiene más pague. En lo que tiene que ver con el agua de consumo humano, tanto en el campo como en la ciudad, se reconozca el agua como un derecho imprescindible para la vida, en razón de aquello se reconozca la cantidad esencial mínima para la vida que es de 40-60 litros día por persona, cantidad que sea completamente gratuita, y todo aquel que consuma por encima de estos valores pague una tarifa justa y socialmente diferencia.
Otro punto trascendental es que, para controlar la contaminación del agua, todos los municipios en lapso impostergable de tres años, con el aporte técnico y económico del Estado Ecuatoriano, implementen plantas de tratamiento de desechos urbanos y aguas residuales, toda vez que éstos contribuyen con el 80% de contaminación de ríos, quebradas y aguas subterráneas en el país. Todas las empresas mineras y petroleras, para el otorgamiento de las licencias de operación tienen que cumplir con el tratamiento de las aguas antes de devolverlas a su caudal natural. Si no lo hacen no tendrán permisos de operación.
Quiero dejar claro que los aporteS que han dado las organizaciones, la comisión de soberanía alimentaria no los a recogido en su gran mayoría, es así que los artículos 14, 15, 16 y 17, hasta hoy no los hemos aprovado , ya que dichos artículos contienen elementos privatizadores. Mi posición y de las organizaciones sociales y populares a las cuales represento es exigir a la Asamblea Nacional que discuta estos temas que son los fundamentales y que son la razón de la movilización indigena y campesina en el país.
Dr. Ramiro Terán Acosta
ASAMBLEISTA POR LA PROVINCIA DE IMBABURA.
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